Caso Conga: Cuando la normatividad vigente no basta
para obtener la Licencia Social para Operar
Lecciones aprendidas de un conflico evitable, y que
hubiera representado una importante inyección económica para el Perú.
Cajamarca, Perú. 4 mil 800 millones de dólares en inversión minera paralizados debido al rechazo rotundo al proyecto Conga de parte de pobladores de Huasmín y Sorochuco, de la provincia de Celendín y de Encañada en la provincia de Cajamarca.
“El oro no se bebe”
arengan los comuneros en pie de lucha. Sin embargo, el aporte económico que el proyecto hubiera
significado para la zona habría sido contundente, tomando en cuenta las
condiciones de pobreza en las que conviven sus habitantes.
El escenario del conflicto se
encuentra en la cabecera de los ríos Rejo, Quengorio, Chugurmayo, Chirimayo y
Jadibamba; todos ellos afluentes del río Sendamal en Celendín.
Para la viabilidad del millonario
proyecto era necesario trasladar las lagunas Perol, Cortada y Chica a los
reservorios Chaihuagón, Perol, Inferior y Superior que Yanacocha, gestora de
Conga, pretendía construir. La percepción común entre los pobladores era que
este proceso iba a afectar los ríos mencionados líneas arriba.
Conga es con genuina
seguridad, el ejemplo más paradigmático de mala praxis en el
relacionamiento comunitario como necesario paso previo a la operación del
proyecto propiamente dicho. Precisamente en ese orden, y no como se
suele suponer en donde el permiso legal supone de forma tácita una Licencia
Social para Operar (LSO).
- La norma no lo es todo
Fue en el año 2008, y con el
propósito de prevenir la escalada de mayores conflictos sociales en el Perú, que
se aprueba la norma que establece cómo se regulará el proceso de participación
ciudadana durante todas las etapas del proyecto: antes y durante la elaboración
del EIA; durante la evaluación del EIA; y durante la propia ejecución del mismo.
La intención fue que este procedimiento pueda servir como catalizador de las
demandas sociales que puedan aparecer en el camino.
El nivel de detalle de los
mecanismos y procesos que le concierne está recogido en un documento denominado
Plan de Participación Ciudadana, el mismo que es parte de los estudios de
impacto ambiental.
Aun cuando está claro que hay un
componente social que estimula la participación entre la población impactada por
el proyecto; y que la aprobación de un EIA supone la puesta en práctica de los
mecanismos de participación ciudadana a saber; este estadio no es aun sinónimo
de la obtención de la LSO, sino más bien un elemento más que la subyace; como
veremos luego.
- Cuestión de percepciones
La Licencia Social para Operar no
es un momento, sino más bien un proceso continuo que supone la identificación de
la población con la compañía extractiva y sus objetivos.
Visto así, algunas preguntas
problematizadoras serían: ¿Tenía Yanacocha un buen relacionamiento
previo con la población? ¿Conga podía prosperar en un escenario de presuntas
percepciones contrarias a las actividades extractivas de la mina?
La respuesta a estas preguntas es
basicamente negativa, y más bien conviene preguntarse por qué no se hizo
de la forma correcta; incluso cuando seguramente la organización
ejecutó programas de proyección y responsabilidad social que tendrían que haber
construido una percepción favorable hacia Yanacocha.
El Perú es un país minero, sin
embargo otro caso como el de Majaz (2005), hizo que la desconfianza en la
minería formal se acreciente. En aquel año una protesta de pobladores contra la
mina fue aplacada por la propia empresa incurriendo en actos de secuestro y
tortura que llegaron a la Corte Británica en el 2009; y que tuvo amplia
cobertura en medios nacionales e internacionales.
Por eso es que precisamente
urge desarrollar relaciones consistentes y a largo plazo con las poblaciones
impactadas que generen Licencia Social para Operar; y que eviten invertir
tiempo, esfuerzo y dinero en remediar y mitigar innecesarios conflictos
sociales.
El cuadro de arriba muestra claramente que no basta la aplicación de la norma si de prevención de conflictos se habla. La curva señala que más bien la tendencia hacia la conflictividad socioambiental está en áumento, precisamente porque no se vienen aplicando estrategias inteligente que los prevengan.
La terea pendiente es que el
Estado, el sector empresarial y la sociedad civil establezcan líneas de acción
con el propósito generar condiciones adecuadas de diálogo permanente con las
comunidades, y en todas las etapas de un proyecto.
