Caso Conga: Cuando la normatividad vigente no basta para obtener la Licencia Social para Operar

Caso Conga: Cuando la normatividad vigente no basta para obtener la Licencia Social para Operar 

Lecciones aprendidas de un conflico evitable, y que hubiera representado una importante inyección económica para el Perú.

 

Cajamarca, Perú. 4 mil 800 millones de dólares en inversión minera paralizados debido al rechazo rotundo al proyecto Conga de parte de pobladores de Huasmín y Sorochuco, de la provincia de Celendín y de Encañada en la provincia de Cajamarca.

“El oro no se bebe” arengan los comuneros en pie de lucha. Sin embargo, el aporte económico que el proyecto hubiera significado para la zona habría sido contundente, tomando en cuenta las condiciones de pobreza en las que conviven sus habitantes.

El escenario del conflicto se encuentra en la cabecera de los ríos Rejo, Quengorio, Chugurmayo, Chirimayo y Jadibamba; todos ellos afluentes del río Sendamal en Celendín.

Para la viabilidad del millonario proyecto era necesario trasladar las lagunas Perol, Cortada y Chica a los reservorios Chaihuagón, Perol, Inferior y Superior que Yanacocha, gestora de Conga,  pretendía construir. La percepción común entre los pobladores era que este proceso iba a afectar los ríos mencionados líneas arriba.

Conga es con genuina seguridad, el ejemplo más paradigmático de mala praxis en el relacionamiento comunitario como necesario paso previo a la operación del proyecto propiamente dicho. Precisamente en ese orden, y no como se suele suponer en donde el permiso legal supone de forma tácita una Licencia Social para Operar (LSO).

• La norma no lo es todo

Fue en el año 2008, y con el propósito de prevenir la escalada de mayores conflictos sociales en el Perú, que se aprueba la norma que establece cómo se regulará el proceso de participación ciudadana durante todas las etapas del proyecto: antes y durante la elaboración del EIA; durante la evaluación del EIA; y durante la propia ejecución del mismo. La intención fue que este procedimiento pueda servir como catalizador de las demandas sociales que puedan aparecer en el camino.

 

 

El nivel de detalle de los mecanismos y procesos que le concierne está recogido en un documento denominado Plan de Participación Ciudadana, el mismo que es parte de los estudios de impacto ambiental.

Aun cuando está claro que hay un componente social que estimula la participación entre la población impactada por el proyecto; y que la aprobación de un EIA supone la puesta en práctica de los mecanismos de participación ciudadana a saber; este estadio no es aun sinónimo de la obtención de la LSO, sino más bien un elemento más que la subyace; como veremos luego.

 

• Cuestión de percepciones

La Licencia Social para Operar no es un momento, sino más bien un proceso continuo que supone la identificación de la población con la compañía extractiva y sus objetivos.

Visto así, algunas preguntas problematizadoras serían: ¿Tenía Yanacocha un buen relacionamiento previo con la población? ¿Conga podía prosperar en un escenario de presuntas percepciones contrarias a las actividades extractivas de la mina?

La respuesta a estas preguntas es basicamente negativa, y más bien conviene preguntarse por qué no se hizo de la forma correcta; incluso cuando seguramente la organización ejecutó programas de proyección y responsabilidad social que tendrían que haber construido una percepción favorable hacia Yanacocha.

El Perú es un país minero, sin embargo otro caso como el de Majaz (2005), hizo que la desconfianza en la minería formal se acreciente. En aquel año una protesta de pobladores contra la mina fue aplacada por la propia empresa incurriendo en actos de secuestro y tortura que llegaron a la Corte Británica en el 2009; y que tuvo amplia cobertura en medios nacionales e internacionales.

Por eso es que precisamente urge desarrollar relaciones consistentes y a largo plazo con las poblaciones impactadas que generen Licencia Social para Operar; y que eviten invertir tiempo, esfuerzo y dinero en remediar y mitigar innecesarios conflictos sociales.

 

El cuadro de arriba muestra claramente que no basta la aplicación de la norma si de prevención de conflictos se habla. La curva señala  que más bien la tendencia hacia la conflictividad socioambiental está en áumento, precisamente porque no se vienen aplicando estrategias inteligente que los prevengan.

La terea pendiente es que el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil establezcan líneas de acción con el propósito generar condiciones adecuadas de diálogo permanente con las comunidades, y en todas las etapas de un proyecto.